Por Andrea Bonnet

En agosto de este año la Justicia Federal ordenó suspender por tres meses los desmontes en el Chaco, a partir de una denuncia realizada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. La medida se dio en el marco de una causa en la que se investiga si siete imputados -entre ellos actuales y exfuncionarios y legisladores provinciales-, facilitaron la tala indiscriminada de árboles en territorio chaqueño. Los delitos que se investigan son: posible abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales y asociación ilícita.

Justamente, dos años antes de esta denuncia, un investigador del CONICET inició su plan de trabajo, a través de una beca posdoctoral, con la idea de conocer cuál fue el proceso político que acompañó el despliegue del modelo del agronegocio en el Chaco. Augusto Abdulhadi es politólogo, doctor en Ciencia Política y magíster en Desarrollo Local y  trabaja actualmente como investigador en la Escuela de Gobierno y Negocios de la UNCAUS. “Es una investigación que sigue en curso, es un trabajo bastante amplio en el que ya tenemos algunas publicaciones y hallazgos parciales”, indicó a Prisma TIC. 

“De ese plan de trabajo, uno de los artículos publicados llegaba a la conclusión que desde las diferentes agencias del Estado provincial no hubo una gran oposición al despliegue de la actividad productiva vinculada con el agronegocio en el Chaco”, detalló el investigador. Al tiempo que aclaró: “Eso vale tanto para el radicalismo como para el peronismo y sus respectivas coaliciones partidarias, no es que uno estuvo a favor y el otro en contra”. Además, de la investigación se desprende que no hubo un gran rechazo a la expansión de la frontera agropecuaria, salvo el reclamo y la resistencia de algunos grupos minoritarios como comunidades indígenas, pequeños productores y asociaciones ambientales.  

“En base a este trabajo vimos que no hubo grandes oposiciones o cuestionamientos desde la dirigencia política”, remarcó Abdulhadi. La evidencia empírica que analizó sugiere que tanto legisladores de la UCR como del PJ acompañaron el despliegue de la soja en el territorio provincial y que ese apoyo fue transversal a las líneas partidarias. Asimismo, el trabajo señala que los proyectos legislativos que cuestionan los efectos nocivos del cultivo de soja y que enfatizan acerca de los desmontes y los desplazamientos de poblaciones campesinas fueron presentados por legisladores de bloques minoritarios. 

Si bien reconoce que la investigación aún no está finalizada y falta bastante trabajo por hacer, advierte que «hay algunas conexiones entre los sectores políticos y las empresas que presionan sobre los bosques chaqueños». Principalmente son los grupos ambientalistas los que cuestionan esos vínculos y denuncian que desde la política se favorecen a grandes sectores productivos. “Justamente la mayoría de las denuncias que realizan sobre el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos apunta a las conexiones entre actores que están en la función pública o estuvieron en cargos políticos de relevancia y que amparan los agronegocios”, indicó el investigador.      

El trabajo de Abdulhadi se titula “La política subnacional frente a la expansión sojera: el caso de Chaco”, el cual fue publicado en el 2023 en la revista Trabajo y Sociedad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. La investigación analiza las iniciativas legislativas que abordan esta temática, tanto aquellas que fueron sancionadas como las que no. El investigador trabajó principalmente con documentos de archivos que están en la base de datos del Poder Legislativo del Chaco, pero también realizó entrevistas con actores claves que sirvieron para orientar las interpretaciones de los datos. 

Conflictos y tensiones

En este trabajo, el investigador advirtió que el proceso de expansión de la frontera agropecuaria generó conflictos y tensiones entre algunos actores sociales. “Con este tema no hubo unanimidad, los sectores perdedores en la disputa fueron principalmente las comunidades originarias y campesinas, quienes fueron expulsados o corridos de sus territorios”, detalló. Esto se dio a partir de que muchas personas no tenían el título de propiedad de las tierras donde vivían. 

Fondo Algodonero 

Durante la entrevista, Abdulhadi adelantó parte de una publicación que saldrá en el mes de octubre, la cual aborda el rol provincial en relación por la disputa del Fondo Nacional Algodonero (Ley 26.060). El Chaco es la provincia que mayor participación tiene en la producción algodonera del país, de ahí radica la importancia y el impacto de este tipo de instrumentos. “Este año vence ese fondo y está bastante claro de que no lo van a renovar, tampoco se conocen acciones que esté llevando adelante el gobierno provincial para que se sostenga”, señaló. 

La publicación no habla específicamente del futuro de esa ley, sino más bien del rol del Estado provincial para impulsar ese fondo. “Ahí sí hubo un rol significativo, donde la dirigencia política local peleó por la constitución de un fondo para resguardar el algodón sobre todo en el momento más crítico, a fines de los 90 y principios del 2000, cuando la soja se expandía fuertemente”, precisó el politólogo. “En ese momento el radicalismo tenía una posición en general favorable a los pequeños productores y el peronismo después también mantuvo esa postura”, agregó. 

Para el investigador, esto podría estar cambiando en la actualidad. “Mi impresión es que ahora los pequeños productores ya no están en la agenda del gobierno provincial ni del gobierno nacional, pero eso lo veremos con el tiempo”, indicó. Advirtió que es incierto el destino de esa ley y la posición del Gobierno del Chaco al respecto: “No se ve tan claro, como en el proceso anterior de la disputa por el Fondo Nacional Algodonero, una postura a favor que ponga en la lupa a los pequeños productores”.  

El rol de la Justicia 

El investigador adelantó a Prisma TIC que está trabajando en un próximo estudio que pondrá foco en el rol que tuvo la Justicia provincial en el proceso de expansión de la frontera agrícola. “El Poder Judicial es parte del Estado y es una arena mucho más movediza para esas tensiones y conflictos, que muchas veces se expresan también ahí”, comentó. Si bien hay una creencia de que el Poder Judicial está alineado a los actores políticos y empresariales, muchos de los conflictos se terminan judicializando y no siempre los fallos son favorables para el avance de los agronegocios. “Muchas veces los activismos buscan las grietas en ese sistema judicial, no es tan compacto como se cree y por eso se busca resolver en esos espacios las disputas”, agregó. 

Dificultades para investigar

Durante la entrevista con Prisma TIC, Abdulhadi habló también de la coyuntura nacional y lo complejo que resulta el trabajo de investigación en la actualidad. «Estamos bajo un ataque brutal y hoy por hoy es muy complicado, ya ni siquiera hablando de los bajos sueldos, sino de que no hay fondos para poder investigar», lamentó. Dijo que en las Ciencias Sociales gran parte de las tareas se realiza en territorio y que actualmente no están contando con fondos para poder realizar trabajo de campo. «El poder moverte, ir a buscar a los actores al territorio, muchas veces en el interior o en zonas rurales, es fundamental para nuestro trabajo», indicó. A la vez que advirtió: “En este momento estamos tratando de hacer un buen trabajo exprimiendo los recursos que tenemos, pero ni siquiera nos otorgaron los fondos que habíamos concursado años atrás”.