Si tenés poco tiempo, leé estas líneas:
· Un grupo multidisciplinario del Instituto de Investigaciones Geohistóricas (UNNE – Conicet) auditó a instituciones que abordan las violencias en el Chaco.
· A partir de las observaciones se proponen vías de actuación conjunta para fortalecer al sistema proteccional.
· El equipo enunció un desafío: lograr que las políticas dedicadas a atender la problemática perduren más allá de la voluntad de una gestión.
Por Claudia Araujo
A fines de noviembre, y en dos jornadas, se presentó en Resistencia una investigación sobre femicidios cometidos en el Chaco. El equipo que la impulsa pudo identificar que las situaciones de violencia extrema hacia las mujeres se fueron precipitando y estallan en menos tiempo que en otros casos analizados años antes. Prisma TIC asistió a la presentación de las conclusiones de un informe que además contiene un documental que tomó dos casos resonantes de 2021: el de Mariana Soledad Sotelo y el de Fabiola Ramírez.
La investigación cuantitativa y cualitativa sobre casos de violencia de género en la provincia fue financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la condujeron dos investigadores de las ciencias sociales. La magister Guadalupe Arqueros y el doctor Alejandro Silva Fernández coordinaron el equipo compuesto por Alice Figueredo, Mercedes Benoist, Cecilia Acosta, Cristian Da Silva, Luciana Genero, Sofía Benítez, Josefina Lenz y Alejandra Muñoz. La búsqueda colectiva por un año de duración se orientó desde varias disciplinas en cuatro grandes objetivos.
El primer aspecto consistió en auditar a las instituciones que abordan la problemática y constituyen el Sistema Proteccional Integral (SPI) en la provincia. La prevención y atención se organiza en cuatro niveles: la Línea 137 para atender la urgencia, luego están las guardias de seguimiento y orientación legal, más asistencia psicológica y social. Continúa con una red de asistencia psicológica individual y grupal, junto a derivaciones como el Centro de Atención a Víctimas de Violencia (CAVV). Y en el siguiente nivel busca fortalecer círculos de confianza y apoyos con programas, hogares de tránsito, centros culturales, artísticos y recreativos, entre otros.
MAPAS Y CALENDARIOS
Un registro cartográfico complementa la mirada con datos provenientes de los ministerios de Educación, Salud y Seguridad. A través de un mapa de registros superpuestos muestra la distribución de servicios de salud, unidades policiales y educación, y las áreas sin cobertura. Con fuente policial otro mapa ubicó los femicidios cometidos en el periodo 2017 – 2023. En esa imagen se observa que la capital provincial concentra 23 casos. Le siguen Presidencia Roque Sáenz Peña, Quitilipi y Juan José Castelli con 4 a 10 eventos; y en total son 26 las localidades comprendidas con 1 a 4 femicidios.
Otro objetivo consistió en indagar las características de los femicidios perpetrados en el Chaco hasta 2022. En ese aspecto fue posible advertir que los meses con más casos fueron junio, diciembre, enero, abril y octubre; mientras que si se analiza por días de la semana: los picos se registraron en sábados (20 %), miércoles (18 %) y domingos (15 %). El trabajo se llevó adelante con profesionales del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la Unidad de Coordinación, Seguimiento y Monitoreo de Políticas para la Igualdad de la Vicegobernación provincial.
ROL DE LOS ESTADOS
El rol de los medios al presentar un femicidio arrojó más conclusiones que se pueden leer en una nota anterior. Un cuarto objetivo buscó fortalezas en los tres poderes del Estado para trabajar formas de agilizar la atención a víctimas y familiares. Arqueros plantea un elemento extra: que la atención del sistema proteccional no dependa del color político de un gobierno o del mayor o menor interés de una gestión. “Es una problemática muy sensible y si se desfinancia, conlleva un aumento en los números de femicidios, transfemicidios y de todas las violencias contra la comunidad LGTBIQ”, subrayó.
Días después de la presentación del informe, la Cámara de Diputados de la provincia sancionó el Sistema de Protección Integral de Derechos Humanos y Géneros. La ley vino a ordenar la legislación local en la temática y a sumar una herramienta que permita desplegar acciones en conjunto con otros equipos y buscar disminuir el riesgo. En sintonía con lo que afirmaba Arqueros, los 17 legisladores que la avalaron abrieron el camino para que se garantice el acceso a una atención psicosocial, de asesoramiento jurídico y acompañamiento grupal, entre otros aspectos, en cada territorio a través de las áreas de género de los municipios.
LA VIOLENCIA MUTÓ
En el corazón de la investigación está el análisis de una forma de violencia que pasó de cumplir ciclos a otra que, en apariencia, se da espontáneamente. Para saber qué estaba pasando dentro de esos casos las autoras recurrieron a fuentes teóricas. “El patriarcado se recicla y el caso de Soledad Sotelo nos deja un mensaje nuevo”, agrega Delia Pérez, una de las voces locales consultadas. La referente en estudios de género cita a la psicóloga argentina Ana María Fernández para describir que se está ante un tipo de violencia que se precipita y ya no se puede identificar con el ciclo ‘luna de miel – estallido – reconciliación’.
Para traducir el texto científico a un lenguaje sensible, se produjo también el documental Presentes, que se proyectó en el Centro Cultural Alternativo (Cecual). El audiovisual reunió testimonios sobre los femicidios de 2020 y 2021 y en nueve entrevistas con mujeres de estamentos públicos y el sistema de asistencia a víctimas analizaron dos casos paradigmáticos. por el femicidio de Soledad Sotelo entrevistaron a su hermana Nancy Sotelo, y por el transfemicidio de Fabiola Ramírez, a su amiga Sofía Díaz. Los testimonios ayudan a empatizar con las personas que deben recorrer procedimientos, y también las acciones de servidores públicos que reciben denuncias y expedientes.
Las demoras y desdoblamientos en procedimientos judiciales, generaron en el final del informe algunas recomendaciones. Una de ellas sugiere adoptar medidas de protección oportunas, efectivas e idóneas, acordes con la situación de riesgo que enfrentan víctimas y familiares. Además el equipo subraya la necesidad de una efectiva notificación de la persona denunciada y corroborar si tiene antecedentes de violencia. Así como una mayor articulación con otros juzgados y organismos que estén interviniendo en los mismos hechos de violencia de género o de los que guardan vinculación con ellos.